La República de Rodríguez Zapatero

De la ilegalidad a la guerra civil

José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado en el Parlamento que "muchos de los objetivos y de las grandes aspiraciones" de la II República están en plena vigencia, gracias a las políticas de su Gobierno. Zapatero añadió que "Es un buen recordatorio para saber que la España de hoy mira a la España de la II República con reconocimiento y, sobre todo, con satisfacción y orgullo por ver lo que hemos sabido hacer entre todos en esta etapa constitucional".

El presidente Rodríguez siempre se ha inclinado a enlazar la legitimidad de su Gobierno con la II República, más que con la transición que, en definitiva, fue el paso de la dictadura a la democracia "de la ley a la ley", y por lo tanto partiendo de la legalidad anterior; esto es, de la dictadura. El PSOE estaba entonces en contra de la transición y favorecía la "ruptura", para enlazar de nuevo con las instituciones que terminaron en la Guerra Civil. Rodríguez parece dispuesto a recuperar la ruptura, en detrimento de la transición.

La II República no se puede alegar como un ejemplo de convivencia ni de legalidad. Su mismo origen se basa en una ilegalidad, contra ella se alzaron los anarquistas (en tres ocasiones), Sanjurjo, el PSOE y los nacionalistas y Mola y otros generales. Lo que sigue no es una historia de la II República, pero sí el recordatorio de varios hechos históricos importantes del régimen que Zapatero pone como ejemplo de convivencia:

Las elecciones del 12 de abril

El Gobierno Berenguer, que preside el país en un momento de crisis institucional, planea convocar sucesivas elecciones democráticas que comenzarían con unas de carácter local y terminarían con unas elecciones constituyentes, que darían lugar a una constitución que superara la de 1879, que se había agotado.

Las primeras elecciones programadas, en las que se elegirían los alcaldes de pueblos y ciudades, tuvo lugar el 12 de abril de 1931. La victoria de los monárquicos fue sencillamente aplastante. En la inmensa mayoría de los pueblos ni siquiera había candidatos republicanos, y donde se presentaban solían perder. La excepción la constituyeron las grandes ciudades, como Madrid o Valencia. Una combinación entre que los resultados de las ciudades se conocieron antes, el desprecio republicano por los pequeños pueblos, que suponían en manos del caciquismo, y el entreguismo de los monárquicos (con la excepción de Juan de la Cierva), llevó a los republicanos a declarar ilegalmente la II República. Dijeron que la República había ganado en unas elecciones en las que no se discutía el modelo de Estado, sino los alcaldes de los ayuntamientos. Y que, además, había perdido abrumadoramente, con una relación de 6 a uno. El origen institucional de la II República se basa en una ilegalidad.

Una Constitución contra media España

La Constitución, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931, estuvo elaborada por la izquierda, desde la izquierda y para la izquierda, sin ninguna voluntad de alcanzar un consenso con la derecha, que de hecho no se produjo. Manuel Azaña diría en su momento que la República era para todos los españoles, pero gobernada desde los republicanos. Esta concepción alimentó el golpe de Estado de 1934. La Constitución del 31 disolvió las órdenes religiosas y les expropió los bienes. También suprimió el presupuesto del clero y de los cultos católicos. El texto disolvía el derecho de propiedad, al asentar la expropiación forzada de cualquier tipo de propiedad por causa de utilidad social, que se juzgaba por el propio Gobierno.

Quema de conventos

Desde el comienzo, los elementos más izquierdistas se sintieron respaldados institucionalmente para cometer crímenes como la quema de conventos, bibliotecas y obras de arte pertenecientes a la Iglesia. Los días 10, 11 y 12 de mayo se producen actos vandálicos contra la Iglesia en Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Murcia, Alicante, Algeciras o Jerez de la Frontera, entre otros. El día 20 se incendia el convento de los Benedictinos de Lazcano. El 13 de junio se expulsa al cardenal Primado Segura, después de que la Constitución hubiera reconocido la libertad religiosa.

El presidente del Gobierno, Manuel Azaña, declara que "todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano". De modo que le da un valor a la vida de los republicanos que no le otorga a los demás, y compara ambas cosas, cuando no había porqué elegir entre ellas. El Gobierno suspende actos políticos de la derecha liberal (Ciudad Real), actos religiosos (la Adoración Nocturna en Tortosa), manifestaciones... En 1933 se suprime la celebración de Semana Santa en prácticamente toda España. En julio del mismo año se detienen a unos 3.000 derechistas, por un supuesto complot nada menos que de las JONS (falangistas) y la FAI (anarquistas), y todo por un asalto de unos jonsistas a la asociación Amigos de la Unión Soviética.

Casas Viejas

A lo largo de la II República, los anarquistas se rebelarían contra ella en tres ocasiones. El problema principal de la II República es que no creían en ella ni en la izquierda (socialistas y anarquistas jamás la defendieron como tal) ni en la derecha. En enero de 1933, los anarquistas intentan repetir, sin éxito, la matanza de Castilblanco en la localidad de Casas Viejas. Los Guardias de Asalto liberan a los Guardias Civiles secuestrados por los anarquistas, y les cercan en una choza. El Gobierno no quiere ningún tipo de contemplaciones, y Casares Quiroga ordena que "arrasen la casa, que se haga un escarmiento". La choza se quemó, y varios murieron ardiendo. Tras el asalto, se detuvieron a varios anarquistas, alguno de los cuales muere de forma no explicada. El capitán Rojas dijo que ordenó dar "tiros a la barriga" por indicación de Azaña, presidente del Gobierno, y de Arturo Menéndez, Director General de Seguridad.

Elecciones de 1933 y golpe de Estado de 1934

En un mitin en la campaña electoral para las elecciones de 1933, Largo Caballero explica cuáles son los planes del Partido Socialista: " si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos". Y así fue. Las elecciones las ganaron el centro (representado por los radicales de Alejandro Lerroux) y la derecha (la CEDA). Gobernarían los primeros con el apoyo de los segundos. Cuando la CEDA aumenta el número de ministros en el Gobierno (algo a lo que tenía pleno derecho) a tres, el PSOE lanza el golpe de Estado que llevaba tiempo planeando, con el objetivo de sustituir la "república burguesa" por una "dictadura del proletariado". La revuelta contra la república de los socialistas causó no menos de 2.000 muertos. Ni los socialistas aceptan la república ni los republicanos (tampoco los socialistas) aceptan que la derecha pueda acceder democráticamente o por el medio que sea al poder. Largo Caballero, antes y después del golpe de Estado de 1934, tiene un discurso guerracivilista que es criticado por Julián Besteiro, para quien la guerra civil que busca su compañero sería desastrosa y que, además, cree que la victoria no está en absoluto asegurada.

El Frente Popular

Manuel Azaña declara en Mestalla, en un mítin ante sus simpatizantes previo a las elecciones que resultarán en la victoria del Frente Popular (FP), que "nos reunimos aquí para inaugurar una campaña y preludiar un ajuste de cuentas". Largo Caballero insiste en su estrategia de Guerra Civil: "Si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirla, que nosotros lo realizamos". Lo habían demostrado en el 34. Un día más tarde, el 21 de enero de 1936, Largo Caballero explicaría que "a clase obrera debe adueñarse delopder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución".

Ya en el poder, el FP inicia lo que llama la "republicanización de la república", y que consiste en expulsar a la derecha de las instituciones, purgando a quien fuera sospechoso de no ser plenamente fiel a la República y el FP.

Ley de Defensa de la República

El 21 de octubre de 1931 se publica en la prensa la Ley de Defensa de la República, que da al Gobierno la posibilidad de suspender alguno de los derechos básicos que vendrían reconocidos en la Constitución, para defender el sistema político y el Gobierno frente a las críticas. Define como "actos de agresión a la República": "toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado" o "la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras".

Para actuar en contra de lo que el Gobierno considere "actos de agresión a la República", la ley le permite "suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social", "clausurar los centros o Asociaciones que se consideren incitan" a lo que considera agresión a la República, así como "intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad". También le permite "la incautación de toda clase de armas o sustancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente".

Esta ley permitía al Gobierno actuar en contra de la libertad de expresión cuando le conveniera, y de hecho la utilizó para cerrar más de 100 periódicos de derechas y para suspender numerosos actos legítimos de carácter político, religioso o social.

Dado que, ya durante el Frente Popular, Azaña había cerrado numerosos periódicos no adictos, Gil Robles utilizó el Parlamento para denunciar los numerosos atropellos contra ciudadanos por el hecho de ser religiosos o creyentes, o por ser de derechas. Con sus denuncias, basadas en informes que recibía de toda España, haría que los actos violentos quedasen registrados, ante la mordaza a la prensa. El 15 de abril, José María Gil Robles, líder de la CEDA, dice en el Parlamento: "Una masa considerable de opinión, que es por lo menos la mitad de la Nación, no se resigna implacablemente a morir: yo os lo aseguro. Media Nación no se resigna a morir".

El asesinato de José Calvo Sotelo

El 16 de junio de 1936, José Calvo Sotelo pronuncia un discurso contra el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga. Éste le responde diciendo: "después de lo que ha hecho Su Señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a Su Señoría”. Calvo Sotelo toma nota de lo que considera una amenaza. Un mes más tarde, un grupo de derechistas matan al Guardia de Asalto José Castillo. Al día siguiente, unos guardias de asalto de la escolta del socialista José Prieto planean matar al líder de la CEDA, José María Gil Robles. Van a su casa y no lo encuentran, lo que les salva la vida. Acto seguido se dirigen al domicilio de José Calvo Sotelo, le sacan de su cama, le detienen ilegalmente y le matan de un disparo. Cuando le comunicaron la noticia a Azaña, exclamó: "¡Esto es la guerra!".

Las checas

Ya en plena guerra, socialistas y comunistas organizan cárceles, conocidas como checas por imitación de las cárceles soviéticas. Solo en Madrid habría más de 200. César Vidal, en su libro dedicado a estas cárceles republicanas, incluye una lista con nombre y dos apellidos de personas ejecutadas en las checas madrileñas. Figuran 11.705 personas. No solo se las ejecutaba, sino que también se les torturaba. También había checas en otras ciudades, como Barcelona o Valencia.

servido por Jose 3 comentarios compártelo