De la ilegalidad a la guerra civil
José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado en el Parlamento que "muchos de los objetivos y de las grandes aspiraciones" de la II República están en plena vigencia, gracias a las políticas de su Gobierno. Zapatero añadió que "Es un buen recordatorio para saber que la España de hoy mira a la España de la II República con reconocimiento y, sobre todo, con satisfacción y orgullo por ver lo que hemos sabido hacer entre todos en esta etapa constitucional".
El presidente Rodríguez siempre se ha inclinado a enlazar la legitimidad de su Gobierno con la II República, más que con la transición que, en definitiva, fue el paso de la dictadura a la democracia "de la ley a la ley", y por lo tanto partiendo de la legalidad anterior; esto es, de la dictadura. El PSOE estaba entonces en contra de la transición y favorecía la "ruptura", para enlazar de nuevo con las instituciones que terminaron en la Guerra Civil. Rodríguez parece dispuesto a recuperar la ruptura, en detrimento de la transición.
La II República no se puede alegar como un ejemplo de convivencia ni de legalidad. Su mismo origen se basa en una ilegalidad, contra ella se alzaron los anarquistas (en tres ocasiones), Sanjurjo, el PSOE y los nacionalistas y Mola y otros generales. Lo que sigue no es una historia de la II República, pero sí el recordatorio de varios hechos históricos importantes del régimen que Zapatero pone como ejemplo de convivencia:
Las elecciones del 12 de abril
El Gobierno Berenguer, que preside el país en un momento de crisis institucional, planea convocar sucesivas elecciones democráticas que comenzarían con unas de carácter local y terminarían con unas elecciones constituyentes, que darían lugar a una constitución que superara la de 1879, que se había agotado.
Las primeras elecciones programadas, en las que se elegirían los alcaldes de pueblos y ciudades, tuvo lugar el 12 de abril de 1931. La victoria de los monárquicos fue sencillamente aplastante. En la inmensa mayoría de los pueblos ni siquiera había candidatos republicanos, y donde se presentaban solían perder. La excepción la constituyeron las grandes ciudades, como Madrid o Valencia. Una combinación entre que los resultados de las ciudades se conocieron antes, el desprecio republicano por los pequeños pueblos, que suponían en manos del caciquismo, y el entreguismo de los monárquicos (con la excepción de Juan de la Cierva), llevó a los republicanos a declarar ilegalmente la II República. Dijeron que la República había ganado en unas elecciones en las que no se discutía el modelo de Estado, sino los alcaldes de los ayuntamientos. Y que, además, había perdido abrumadoramente, con una relación de 6 a uno. El origen institucional de la II República se basa en una ilegalidad.
Una Constitución contra media España
La Constitución, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931, estuvo elaborada por la izquierda, desde la izquierda y para la izquierda, sin ninguna voluntad de alcanzar un consenso con la derecha, que de hecho no se produjo. Manuel Azaña diría en su momento que la República era para todos los españoles, pero gobernada desde los republicanos. Esta concepción alimentó el golpe de Estado de 1934. La Constitución del 31 disolvió las órdenes religiosas y les expropió los bienes. También suprimió el presupuesto del clero y de los cultos católicos. El texto disolvía el derecho de propiedad, al asentar la expropiación forzada de cualquier tipo de propiedad por causa de utilidad social, que se juzgaba por el propio Gobierno.
Quema de conventos
Desde el comienzo, los elementos más izquierdistas se sintieron respaldados institucionalmente para cometer crímenes como la quema de conventos, bibliotecas y obras de arte pertenecientes a la Iglesia. Los días 10, 11 y 12 de mayo se producen actos vandálicos contra la Iglesia en Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Murcia, Alicante, Algeciras o Jerez de la Frontera, entre otros. El día 20 se incendia el convento de los Benedictinos de Lazcano. El 13 de junio se expulsa al cardenal Primado Segura, después de que la Constitución hubiera reconocido la libertad religiosa.
El presidente del Gobierno, Manuel Azaña, declara que "todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano". De modo que le da un valor a la vida de los republicanos que no le otorga a los demás, y compara ambas cosas, cuando no había porqué elegir entre ellas. El Gobierno suspende actos políticos de la derecha liberal (Ciudad Real), actos religiosos (la Adoración Nocturna en Tortosa), manifestaciones... En 1933 se suprime la celebración de Semana Santa en prácticamente toda España. En julio del mismo año se detienen a unos 3.000 derechistas, por un supuesto complot nada menos que de las JONS (falangistas) y la FAI (anarquistas), y todo por un asalto de unos jonsistas a la asociación Amigos de la Unión Soviética.
Casas Viejas
A lo largo de la II República, los anarquistas se rebelarían contra ella en tres ocasiones. El problema principal de la II República es que no creían en ella ni en la izquierda (socialistas y anarquistas jamás la defendieron como tal) ni en la derecha. En enero de 1933, los anarquistas intentan repetir, sin éxito, la matanza de Castilblanco en la localidad de Casas Viejas. Los Guardias de Asalto liberan a los Guardias Civiles secuestrados por los anarquistas, y les cercan en una choza. El Gobierno no quiere ningún tipo de contemplaciones, y Casares Quiroga ordena que "arrasen la casa, que se haga un escarmiento". La choza se quemó, y varios murieron ardiendo. Tras el asalto, se detuvieron a varios anarquistas, alguno de los cuales muere de forma no explicada. El capitán Rojas dijo que ordenó dar "tiros a la barriga" por indicación de Azaña, presidente del Gobierno, y de Arturo Menéndez, Director General de Seguridad.
Elecciones de 1933 y golpe de Estado de 1934
En un mitin en la campaña electoral para las elecciones de 1933, Largo Caballero explica cuáles son los planes del Partido Socialista: " si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos". Y así fue. Las elecciones las ganaron el centro (representado por los radicales de Alejandro Lerroux) y la derecha (la CEDA). Gobernarían los primeros con el apoyo de los segundos. Cuando la CEDA aumenta el número de ministros en el Gobierno (algo a lo que tenía pleno derecho) a tres, el PSOE lanza el golpe de Estado que llevaba tiempo planeando, con el objetivo de sustituir la "república burguesa" por una "dictadura del proletariado". La revuelta contra la república de los socialistas causó no menos de 2.000 muertos. Ni los socialistas aceptan la república ni los republicanos (tampoco los socialistas) aceptan que la derecha pueda acceder democráticamente o por el medio que sea al poder. Largo Caballero, antes y después del golpe de Estado de 1934, tiene un discurso guerracivilista que es criticado por Julián Besteiro, para quien la guerra civil que busca su compañero sería desastrosa y que, además, cree que la victoria no está en absoluto asegurada.
El Frente Popular
Manuel Azaña declara en Mestalla, en un mítin ante sus simpatizantes previo a las elecciones que resultarán en la victoria del Frente Popular (FP), que "nos reunimos aquí para inaugurar una campaña y preludiar un ajuste de cuentas". Largo Caballero insiste en su estrategia de Guerra Civil: "Si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirla, que nosotros lo realizamos". Lo habían demostrado en el 34. Un día más tarde, el 21 de enero de 1936, Largo Caballero explicaría que "a clase obrera debe adueñarse delopder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución".
Ya en el poder, el FP inicia lo que llama la "republicanización de la república", y que consiste en expulsar a la derecha de las instituciones, purgando a quien fuera sospechoso de no ser plenamente fiel a la República y el FP.
Ley de Defensa de la República
El 21 de octubre de 1931 se publica en la prensa la Ley de Defensa de la República, que da al Gobierno la posibilidad de suspender alguno de los derechos básicos que vendrían reconocidos en la Constitución, para defender el sistema político y el Gobierno frente a las críticas. Define como "actos de agresión a la República": "toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado" o "la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras".
Para actuar en contra de lo que el Gobierno considere "actos de agresión a la República", la ley le permite "suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social", "clausurar los centros o Asociaciones que se consideren incitan" a lo que considera agresión a la República, así como "intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad". También le permite "la incautación de toda clase de armas o sustancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente".
Esta ley permitía al Gobierno actuar en contra de la libertad de expresión cuando le conveniera, y de hecho la utilizó para cerrar más de 100 periódicos de derechas y para suspender numerosos actos legítimos de carácter político, religioso o social.
Dado que, ya durante el Frente Popular, Azaña había cerrado numerosos periódicos no adictos, Gil Robles utilizó el Parlamento para denunciar los numerosos atropellos contra ciudadanos por el hecho de ser religiosos o creyentes, o por ser de derechas. Con sus denuncias, basadas en informes que recibía de toda España, haría que los actos violentos quedasen registrados, ante la mordaza a la prensa. El 15 de abril, José María Gil Robles, líder de la CEDA, dice en el Parlamento: "Una masa considerable de opinión, que es por lo menos la mitad de la Nación, no se resigna implacablemente a morir: yo os lo aseguro. Media Nación no se resigna a morir".
El asesinato de José Calvo Sotelo
El 16 de junio de 1936, José Calvo Sotelo pronuncia un discurso contra el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga. Éste le responde diciendo: "después de lo que ha hecho Su Señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a Su Señoría”. Calvo Sotelo toma nota de lo que considera una amenaza. Un mes más tarde, un grupo de derechistas matan al Guardia de Asalto José Castillo. Al día siguiente, unos guardias de asalto de la escolta del socialista José Prieto planean matar al líder de la CEDA, José María Gil Robles. Van a su casa y no lo encuentran, lo que les salva la vida. Acto seguido se dirigen al domicilio de José Calvo Sotelo, le sacan de su cama, le detienen ilegalmente y le matan de un disparo. Cuando le comunicaron la noticia a Azaña, exclamó: "¡Esto es la guerra!".
Las checas
Ya en plena guerra, socialistas y comunistas organizan cárceles, conocidas como checas por imitación de las cárceles soviéticas. Solo en Madrid habría más de 200. César Vidal, en su libro dedicado a estas cárceles republicanas, incluye una lista con nombre y dos apellidos de personas ejecutadas en las checas madrileñas. Figuran 11.705 personas. No solo se las ejecutaba, sino que también se les torturaba. También había checas en otras ciudades, como Barcelona o Valencia.
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Pero no se puede pagar precio por la paz. La paz no tiene precio. La violencia no puede tener una prima, y no ejercitar la violencia tampoco puede tener una prima.
11 de octubre de 1998, entrevista en El País:
"Es un gravísimo error poner precio político al cese de la violencia y sería inaceptable que cualquier solución estable al problema del terrorismo se planteara sobre fórmulas no integradoras, que conduzcan al enfrentamiento. Yo espero que cuaje esta oportunidad para la paz y trabajo para que cuaje, pero desde esta actitud flexible, los demócratas no podemos aceptar imposiciones. Quien puede dar pasos para conseguir la paz es quien está en guerra."
"Nosotros nunca hemos jugado con una carta encima de la mesa y otra debajo, incluso en los momentos más duros. Siempre he rechazado los atajos y nuestra aportación a la paz ha sido la firmeza democrática con los medios que nos da el Estado de Derecho. No hemos renunciado a ningún principio para llegar a este nuevo escenario."
26 de septiembre de 1998, San Sebastián:"Cuando hablo de generosidad –quiero que se interprete bien porque hay algunos despistados-, lo digo con toda sinceridad y sin ninguna reserva, pero lo digo también sabiendo que una democracia y un Estado de Derecho no tiene rehenes que un Gobierno utiliza según le conviene al amparo del cese de la violencia o de una tregua, como se le quiera llamar; sino que un Gobierno tiene principios que respetar, leyes que cumplir y Estado de Derecho que mantener en todo momento. Eso es lo que hace este Gobierno."
23 de octubre de 1998, Vitoria:"Yo quiero dar la garantía a todos los vascos de que en este país las reglas se van a respetar y nadie va a quebrar las reglas, ni por las buenas ni por las malas; nadie va a quebrar las reglas. Las reglas se mantendrán como garantía de convivencia y de futuro de todos los vascos. Nadie va a conseguir pegar una patada en el tablero y mandar los esquemas de convivencia de los vascos a otro lugar o a otro mundo, sencillamente porque quiera imponer los dictados de la violencia, los dictados de la exclusión, los dictados del aprovechamiento indebido, de una nueva situación."
"Lo que al final nos están diciendo con eso es que la paz tiene precio; lo que nos están diciendo con eso es que, según ellos, será inevitable que, si la paz entra por la puerta, la democracia salga por la ventana."
17 de septiembre de 1998, declaración sobre el comunicado de ETA, Lima, Perú:
"No quisiera que, una vez más, esa esperanza pueda transformarse en frustración; frustración porque estemos ante un movimiento táctico o frustración porque se ponga precio a la paz, olvidando el marco de convivencia que nos hemos dado, olvidando el respeto a la voluntad popular u olvidando el conjunto de valores en el que se asienta nuestra democracia y nuestras libertades."
"La afirmación cívica y democrática de la sociedad frente a la violencia, la fortaleza del Estado de Derecho como garantía de nuestras libertades y nuestro marco constitucional y estatutario han sido las referencias constantes de la búsqueda de la paz, y siguen siendo plenamente vigentes."
22 de junio de 1999, Debate del Estado de la Nación, Congreso de los Diputados:
"...la paz no tendrá precio ni hipoteca. El orden constitucional que los españoles nos dimos no se puede romper ni se romperá ni matando ni por dejar de matar."
"…de lo que se trata es del punto 10 de Ajuria Enea. ¿Y qué establece ese punto 10 del Pacto de Ajuria Enea? Establece, Señoría, que no hay diálogo político; que se trata de saber si hay condiciones para el final de la violencia y que no hay diálogo político."
"Estamos haciendo una política que consiste exactamente en lo que he comentado en algunas ocasiones: dar pasos para la consolidación de una paz auténtica y verdadera, no aceptar el precio que algunos quieren cobrar ni la recompensa que algunos quieren cobrar y exigir el respeto a las reglas del juego de la Constitución y del Estatuto de Autonomía."
"¿Por qué se quieren cobrar un precio político, Señoría, sin respetar las reglas del juego democrático? ¿Por qué tenemos que renunciar al punto de encuentro de la Constitución o del Estatuto porque quieran cobrar un precio aquellos que llevan pasando factura treinta años a la sociedad española?"
18 de diciembre de 1998, declaración sobre el anuncio de la tregua de ETA, Palacio de la Moncloa:
"El Gobierno no tiene intención de constituirse en intérprete de la voluntad de ETA."
4 de octubre de 1999, Conferencia de Prensa:"Las reglas son muy claras desde el punto de vista de lo que es el respeto al juego institucional y el establecimiento de una paz sin ningún tipo de condiciones."
2 de octubre de 1998, declaración sobre el comunicado de ETA:"La paz no puede estar sujeta a contrapartidas políticas ni es un medio para alcanzar posiciones de ventaja. Ahora no hay otro esfuerzo más importante para los demócratas que el que requiere el afianzamiento de la paz sin precio."
16 de junio de 1999, respuesta parlamentaria a Felipe Alcaraz, Congreso de los Diputados:
"Se trata de lograr el cese definitivo de la violencia y quiero garantizar que en el ámbito y el límite de la interlocución, en ningún caso incluye, ni incluirá ninguna contraprestación política."
26 de febrero de 1999, conferencia de Prensa, Petersberg, Alemania:"Hay un límite, que es no quebrar las reglas, y hay un campo de juego, que es la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco."
"A mí me preocuparía mucho recibir una felicitación de ETA, mucho, y yo estoy seguro de que los que han recibido la felicitación de ETA tienen muchos motivos para estar preocupados."
18 de diciembre de 1998, declaración sobre el anuncio de la tregua de ETA, Palacio de la Moncloa:
"El cese definitivo de la violencia no es un objetivo partidista, ni un dictado humillante ni la contrapartida a un precio político."
28 de enero de 1999, Entrevista en El Mundo:
"Lo que no se puede pretender es sacar ventajas por el hecho de dejar la violencia."
26 de abril de 1999, Universidad de Harvard, EEUU:"Por dejar de matar no se puede pedir el precio de que dejemos de creer en nuestra Constitución o en el Estatuto."
4 de marzo de 1999, entrevista en Antena 3 TV:
"Ejerciendo el terror y la violencia se han querido conseguir objetivos políticos y no se han conseguido. Por dejar la violencia no vamos a pagar los españoles ningún precio que les permita conseguir esos mismos objetivos; ninguno."
16 de marzo de 1999, conferencia de Prensa, Palacio de la Moncloa:
"¿Tienen que demostrar una voluntad de paz los concejales del Partido Popular en el País Vasco, o los representantes del Partido Socialista, u otros representantes de partidos democráticos, o tienen que demostrar una voluntad de paz los que les hacen la vida imposible? ¿Tiene que demostrar una voluntad de paz el Presidente del Gobierno después de haber soportado los más duros y crueles embates de la violencia terrorista, o tiene que demostrar, sobre todo, una voluntad de paz quien se haya dedicado a matar o a asesinar?"
4 de marzo de 1999, entrevista Antena 3 TV:"Y yo con 156 ó con 180 [diputados] le diría lo mismo: que la paz no tiene precio, y que la Constitución y el Estatuto son el marco en el cual nos tenemos que mover y nos vamos a mover."
"ETA quiere cobrar un precio por dejar de matar, y son ellos los que tienen que demostrar la voluntad de paz. Nosotros los demócratas, los que estamos aquí, los que nos están viendo, no tenemos que demostrar nada."
16 de marzo de 1999, conferencia de Prensa:"Entonces, comprenderá que yo no le puedo dar el más mínimo crédito a alguien que pueda decir que, para hacer la paz o para conseguir una situación de paz en el País Vasco, es inconveniente, nada menos que, si se produce la circunstancia y se produce la ocasión, la detención de todo el aparato responsable de los atentados de la organización ETA. Esto es incomprensible, y eso no lo puede entender absolutamente nadie."
18 de diciembre de 1998, declaración sobre el anuncio de la tregua de ETA, Palacio de la Moncloa:
"El cese definitivo de la violencia no es un objetivo partidista, ni un dictado humillante ni la contrapartida a un precio político."
28 de enero de 1999, entrevista en RNE:
"El camino que nos lleve a la paz definitiva lo tienen que recorrer quienes han estado decenas de años quebrando la paz."
28 de enero de 1999, Entrevista en El Mundo:
"Es entre quienes han vulnerado la democracia donde se tienen que producir los grandes cambios."
16 de junio de 1999, respuesta parlamentaria a Felipe Alcaraz, Congreso de los Diputados:
"No aceptamos ninguna contrapartida por que se deje de hacer lo que nunca se debió hacer."
"No habrá contrapartidas políticas, ni habrá premios, ni se pagarán precios, ni recompensas."
13 de abril de 1999, entrevista a CBS TV, EEUU:
"Si ETA no ha conseguido sus objetivos matando o asesinando, por la violencia, no va a conseguir sus objetivos porque pida un precio por dejar de hacerlo; simplemente, hay que dejar de hacerlo."
6 de mayo de 1999, Fundación Tomás Caballero, Pamplona:
"Y eso [el asesinato de Tomás Caballero] es también lo que justifica el esfuerzo permanente de no ceder, en ningún caso, ante los que han intentado, por la vía del terror o por la vía del crimen, imponer su exclusión totalitaria en el País Vasco o su exclusión totalitaria a la mayoría de los españoles, o ante los que quieren cobrar un precio por dejar de hacer lo que nunca debieron empezar a hacer hace muchos años."
"Nosotros hemos dicho claramente que esa paz no puede tener un precio y no tendrá un precio. No se puede pedir un precio, ni directa ni indirectamente, por dejar de matar o por dejar de hacer, como he dicho antes, lo que nunca debió hacerse."
"Lo que no va a ser posible y lo que no es posible, en todo caso, quiero decir, es que ni el Gobierno ni las fuerzas democráticas en general dejen de creer en el Estado de Derecho, dejen de aplicar la Ley o prescindan de lo que significa esa guía fundamental que es la de no pagar ningún precio por la paz."
22 de junio de 1999, Debate del Estado de la Nación, Congreso de los Diputados:"Ni somos nosotros, ni son los señores del Grupo Socialista, ni la gran mayoría de esta Cámara, los que podemos decir: tenemos que rebajar las exigencias democráticas. No es verdad, Señoría. Tenemos que mantener las exigencias democráticas, tenemos que mantener la vigencia del Estado de Derecho y tenemos que hacer posible con nuestras acciones que, naturalmente, se produzca algo tan difícil hasta ahora, porque lo han hecho así algunos, como sea vivir en paz y tener derecho, efectivamente, a una vida en convivencia, sin exclusiones y en paz. De eso es lo que se trata."
"Lo que no voy a aceptar es que los que llevan treinta años pasando factura a los españoles nos quieran pasar una factura por haber dejado de matar. Es lo que no voy a aceptar, Señoría. Y no lo voy a aceptar en término de cambio de reglas del juego."
"…de lo que estamos hablando, justamente, es de la incorporación de grupos que no aceptaban las reglas y que deben aceptar las reglas. Ahora, si a mí me lo preguntan y lo que me dicen es ‘es que, por hacer eso, usted tiene que pagar’, pues yo le digo a usted que no si el precio consiste en quebrar las reglas democráticas, porque en ese momento no solamente estaremos haciendo imposible la democracia en nuestro país; estaremos haciendo imposible la democracia en el País Vasco y estaremos, absolutamente, renunciando a todos los valores que responden a la fortaleza, a la superioridad, del sentimiento y de la conciencia democrática."
5 de noviembre de 1998, Presentación de la revista La aventura de la Historia, Madrid:
"Una organización terrorista ha declarado que quiere dejar la violencia. Lo que el Gobierno ha dicho es que, antes de seguir adelante, los terroristas debían aceptar los resultados de las elecciones y convertir su cese de los derramamientos de sangre en una actitud definitiva. También hemos dicho que los españoles sabrán lo que ocurre y lo sabrán, porque tienen derecho a ello. Por eso el martes pasado hemos anunciado conversaciones con quien esté dispuesto a escuchar y a corresponsabilizarse; conversaciones con el único objetivo de corroborar esta nueva voluntad de paz."
10 de octubre de 1999, conferencia de prensa tras Consejo de Ministros:
"He autorizado contactos con la banda terrorista; contactos exploratorios. He confirmado esos contactos cuando se han producido. He hablado públicamente de que se habían producido, evidentemente, dificultades imputables a la falta de voluntad por parte de la banda terrorista de construir la paz."
1 de octubre de 1998, entrevista en Onda Cero:"He dicho, y vuelvo a reiterar, que la carga de la prueba corresponde claramente a los que han estado ejercitando la violencia y ejerciendo la violencia."
10 de octubre de 1999, conferencia de prensa tras Consejo de Ministros:
"A lo que no estoy dispuesto es a un proceso que consista en desbordar la legalidad o, si usted me lo permite, a que el Estado quiebre, o que se cobren ganancias por el hecho de dejar de matar."
14 de julio de 1999, entrevista en Corriere della Sera:
"Hay gente que pone un precio sobre el hecho de que ya no mata, un precio que el Gobierno se niega a pagar. Las reglas del juego democrático deben ser respetadas y serán respetadas."
9 de mayo de 1999, entrevista en ABC:
"Lo que hará y está haciendo el Gobierno es articular una política que facilite la normalización definitiva de la vida del País Vasco, pero sin pagar ningún precio porque se deje la violencia. Eso no se va a aceptar. Los que se han movido son los que se pretendían cobrar un precio por la violencia y pretenden ahora cobrar un precio por dejar la violencia."
21 de julio de 1999, conferencia de Prensa, Líbano:"La política del Gobierno es bien conocida y el compromiso del Gobierno por seguir actuando, trabajando, para la consolidación, sin precios políticos y sin quiebra de las reglas del juego, de la posibilidad de consolidar la paz en el País Vasco, va a seguir siendo nuestra actitud."
1 de octubre de 1999, conferencia de Prensa en el Palacio de la Moncloa:
"La paz exige el cese definitivo de la violencia y, naturalmente, la aceptación de las reglas de juego. Cuando yo he hablado tantas veces de que la paz no tiene precio, significa que no se puede pretender cobrar un precio y quebrar las reglas por el hecho de dejar de hacer lo que nunca se debió hacer, que es matar."
4 de octubre de 1999, conferencia de Prensa en el Palacio de la Moncloa:
"Los que matan, los que secuestran, los que extorsionan, los que presionan a los demás, los que impiden una vida normal, deben dejar de hacerlo. De eso se trata, fundamentalmente, y no hay por qué pagar ningún precio para ello."
17 de septiembre de 1998, declaración sobre el comunicado de ETA, Lima, Perú:
"El gobierno ha asumido su responsabilidad en todo momento frente a la amenaza del terrorismo. Tengan la seguridad de que esa misma responsabilidad, esa misma fortaleza, esa misma convicción, van a seguir presentes en nuestras decisiones y en nuestras iniciativas."
23 de septiembre de 1998, respuesta parlamentaria a Josep Borrell, Congreso de los Diputados:
"Yo le tengo que decir que nadie puede saber, en el fondo, lo que es la intención de una organización terrorista; pero sí podemos estar de acuerdo, como yo he dicho, en ningún caso en conceder el beneficio de la duda, en ningún caso, a quien lleva más de treinta años asesinando, matando, extorsionando o chantajeando. No tienen el beneficio de la duda; tienen la carga de la prueba. Y nosotros, los demócratas, no tenemos que demostrar nada; son ellos, en todo caso, los que tienen que demostrar."
"Convendrá su Señoría conmigo que lo primero, por encima de todo, que los que han estado y los que siguen con las amenazas pasen de las palabras a los hechos, y se consolide una situación fiable. Desde luego, la paz, la paz sincera, la paz seria, no es cuestión de días, ni puede estar sujeta al intento de división de los demócratas, ni puede estar sujeta al intento de tener ventajas electorales, ni puede estar sujeta al intento de ningún tipo de reorganización."
11 de octubre de 1998, entrevista en El País:
"No es a los demócratas a quienes toca hacer gestos de distensión porque en ningún caso hemos hecho gestos de agresión."
16 de octubre de 1998, entrevista en la emisora portuguesa Radio Renascença:
"Pero no se puede pagar precio por la paz. La paz no tiene precio. La violencia no puede tener una prima, y no ejercitar la violencia tampoco puede tener una prima".
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La excepción a esta buena acogida, como era previsible, la han protagonizado los medios afines al gobierno y a sus socios nacionalistas. La irrupción de la oferta de E.On supone, ciertamente, un jarro de agua fría para un gobierno que, como el de Zapatero, no ha hecho otra cosa que tratar de satisfacer un compromiso con el tripartito nacionalista catalán, verdadero impulsor, a través de La Caixa, de la OPA hostil planteada por Gas Natural. Por mucho que esta última perjudicara, a todas luces, a los consumidores, accionistas y trabajadores, Zapatero removió todos los obstáculos,incluido el dictamen negativo del Tribunal de Defensa de la Competencia, para dar luz verde a una operación que ya venía prefigurada claramente en los Pactos del Tinell, y que ha llegado a constituir uno de los más bochornosos escándalos político-financieros de nuestra democracia.
Todo apunta, sin embargo, a que el gobierno de ZP va a seguir en la misma senda de corrupción político-financiera. Así lo apunta tanto la reacción del secretario de comunicación del Gobierno, Fernando Moraleda, como la reacción de Gas Natural o la información de la reunión que mantenían ayer por la tarde Zapatero y el consejero delegado de E.On.
Si ya era evidente que Gas Natural no se regía por principios de mercado, sino que basaba su OPA hostil contra Endesa,una empresa mucho mayor y solvente, en el ilimitado y discrecional impulso político del gobierno a dicha operación, no menos evidente resulta ahora que Gas Natural, al seguir sin arrojar la toalla ante un competidor como E.On, sigue contando con la ilimitada y bochornosa determinación del Gobierno.
Este hecho lo confirman las propias declaraciones de Moraleda, que ha encubierto la disposición del Gobierno de proseguir su liberticida mangoneo político, remarcando el carácter "alemán" de la nueva aspirante y contraponiéndolo con los "intereses estratégicos españoles".
Ahora resultará que una operación como la de Gas Natural, que, en realidad, sirve a los intereses estratégicos, no de España, ni siquiera de Cataluña, sino de una élite política separatista, hay que respaldarla no sólo contra los intereses de los consumidores, accionistas y trabajadores españoles, sino contra la propia lógica del europeísmo y de esa realidad supranacional que se llama Unión Europea.
Si hace poco ZP tenía la desfachatez de invocar el "patriotismo" para buscar apoyo a su disposición de negociar con ETA, poco tardará el presidente del Gobierno en hacer lo propio para lograr el apoyo de los españoles a una OPA que, como la que él apadrina, es claramente perjudicial, en todos los sentidos, para los ciudadanos, no sólo de Cataluña, sino también del resto de España.
En cuanto a la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno y el Consejero Delegado de E.On, la SER ha asegurado que Zapatero "ha transmitido a Bernotat que el marco regulatorio y la rentabilidad prevista para Endesa no son reales".
Vamos, por un instante, a dar veracidad a dicha información, y creamos que los directivos de E.On son unos ignorantes de los entresijos de una operación que les lleva a comprar duros a seis pesetas. De ser así, ¿qué hace el presidente de un Gobierno desempeñando las labores propias de un asesor financiero a sueldo de un Grupo energético, sea este nacional o extranjero? Eso, al margen del hecho de que la valoración que el mercado hace de Endesa no es sólo superior al que oferta Gas Natural sino, incluso, al mucho mejor que ofrece E.On.
Otra cosa distinta, mucho peor y más probable, sería que lo que, en realidad, ha pretendido mostrar Zapatero al Consejero Delegado de E.On es su disposición a hacer uso de la llamada "acción de oro" del Gobierno –anacrónico derecho gubernamental de veto que está en vías de extinción por imperativo europeo– o a cambiar el marco regulatorio en función de quien sea, finalmente, el que se llevase el gato al agua. Ahora bien, en ambos casos, lo que estaría transmitiendo ZP a los inversores alemanes no sería otra "realidad" que la de una amenaza; una amenaza que arrastraría los índices de seguridad jurídica y administrativa de nuestro país a niveles tercermundistas y bananeros. Eso sí, tan falsamente "patrióticos", como para que los impulse el gobierno de Zapatero con el respaldo de los separatistas.
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